El DUERP en la construcción: obligación, método y conservación

El documento único de evaluación de riesgos laborales recoge todos los riesgos a los que están expuestos sus empleados, obra por obra y puesto por puesto. Pasa a ser obligatorio en cuanto contrata a su primer empleado, en aplicación de los artículos L4121-3 y R4121-1 del Código de Trabajo francés. Ninguna empresa de construcción se libra, desde un techador solo con un aprendiz hasta una empresa general.

No es un documento de cajón. La ley exige que desemboque en medidas de prevención concretas, ordenadas por prioridad. La evaluación es el primer ladrillo: sin ella, no puede demostrar que identificó el peligro antes del accidente.

Lo que está en juego no es solo administrativo. Tras un accidente grave, la ausencia de evaluación o un documento descuidado pesa mucho en el reconocimiento de una falta inexcusable del empleador. En un sector donde las caídas de altura siguen matando cada año, el documento protege a sus operarios tanto como su responsabilidad de directivo.

La construcción acumula peligros que pocos sectores reúnen a la vez. Las caídas de altura van primero: andamios, cubiertas, huecos, escaleras. Siguen siendo la primera causa de accidentes mortales en obra, y por ahí empieza toda evaluación seria.

Después vienen las manipulaciones manuales y las posturas forzadas, origen de los trastornos musculoesqueléticos que desgastan los cuerpos antes de tiempo. El riesgo químico suele subestimarse: amianto en rehabilitación, sílice cristalina al cortar y lijar, polvo de madera, disolventes y colas. Muchas de estas exposiciones no se ven y solo actúan años después.

No olvide el ruido, las vibraciones, el riesgo eléctrico, la circulación de maquinaria y la coactividad: varios oficios presentes a la vez en la misma obra. Para no dejar nada fuera, apóyese en las herramientas sectoriales del OPPBTP y en las recomendaciones de su Carsat, que detallan estas familias de riesgo oficio por oficio.

Una evaluación que sirve de algo sigue una lógica sencilla en tres tiempos. Primero se divide la empresa en unidades de trabajo: por oficio, por tipo de obra o por puesto. Ese nivel de detalle evita la evaluación cajón de sastre que no dice nada útil sobre el terreno.

Para cada unidad se identifican los peligros y luego se valora el riesgo cruzando dos criterios: la gravedad de los daños posibles y la probabilidad de exposición. Esa valoración no es un ejercicio de estilo: sirve para priorizar. No tiene sentido tratarlo todo de golpe: se empieza por los riesgos más graves y más frecuentes.

A cada riesgo prioritario le corresponde una acción, en el orden de los principios generales de prevención: suprimir el peligro cuando es posible, proteger colectivamente después (barandillas, aspiración en origen), equipar individualmente luego (EPI), formar y organizar al final. Implicar a los operarios y al comité (CSE), cuando existe, lo cambia todo: son ellos quienes conocen los gestos reales de la obra.

Una evaluación nunca está terminada. Se actualiza al menos una vez al año en empresas de once o más empleados, y cada vez que algo notable cambia: una nueva obra con perfil distinto, nuevo equipamiento, un nuevo procedimiento o tras un accidente de trabajo. Un documento congelado desde hace tres años no tiene valor, ni de prevención ni de prueba.

La ley del 2 de agosto de 2021 reforzó el dispositivo. Las empresas de al menos cincuenta empleados traducen los resultados de la evaluación en un programa anual de prevención, el PAPRIPACT; las más pequeñas mantienen una lista de acciones consignada en el documento. Sobre todo, la evaluación y sus versiones sucesivas deben conservarse al menos 40 años, para guardar el rastro de las exposiciones, algo decisivo para los riesgos diferidos como el amianto o la sílice.

En la práctica, la mejor evaluación no es la más gruesa: es la que vive. Fechada, compartida con los equipos, vinculada a acciones realmente seguidas y a disposición de los empleados, el comité, el médico del trabajo y la inspección, se convierte en una herramienta de pilotaje de la seguridad más que en una tarea anual.